SGAE

Ya es hora de que actualice este blog. Esta mañana me he levantado y lo primero que he visto en la televisión es la siguiente noticia, creo que sobran comentarios, habla por sí sola, os la dejo copiada literal desde este enlace: EcoDiario



La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) cobrará 95 euros al Instituto Ramón Menéndez Pidal de La Coruña por representar en el Fórum Metropolitano la obra de Federico García Lorca 'Bodas de Sangre'.
La vicedirectora del instituto, Alicia Veres, afirmó que la obra será representada por estudiantes del centro y que ayer se les comunicó, a través del Ayuntamiento de La Coruña, que no podrían representarla porque los derechos de autor correspondían al Centro Dramático Nacional.

95 euros de canon

Veres indicó que, aunque el Centro Dramático les ha "autorizado para representar la obra por ser teatro escolar", el centro debe "pagar 95 euros a la SGAE por algo por lo que no se va a cobrar", indicó en alusión al hecho de que la entrada será gratuita, después de que el Centro Dramático Nacional les permitiese representar la obra sin cobrar el precio de 2 euros previsto inicialmente. Asimismo, indicó que no se les ha dado una explicación en concepto de que se les cobra esta cuantía.

Por su parte, fuentes de la Sociedad General de Autores y Editores consultadas indicaron que se trata "de una tarifa aplicada por los autores, que no fija la SGAE". Asimismo, señalaron que no se cobra cuando la función es un recinto escolar "pero en este caso el espectáculo es fuera de este ámbito", indicaron al recordar que la actuación prevista para el próximo día 19 será en el Fórum Metropolitano.

Así comenzó el debate: Cierre de webs con enlaces p2p.

A propósito de todo esto... vengo estudiando hace unos cuantos días el ya sonado proyecto lanzado por el Ministerio de Cultura en su lucha contra la pirateria. Un tema complejo y debatido que trae consigo numeroros problemas. Pero para todo el que no este puesto al día en tema de cultura y leyes, hagamos una pequeña introducción al tema:

El 2 de diciembre del 2009 se debatió en el Congreso de Diputados el proyecto de la nueva Ley de Economía sostenible que "Tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condicones que favorecen a un desarrollo económico sostenible" 

Este debate trajo consigo una polémica modificación en la Ley de Servicios de la Sociedad de Información que anunció el posible cierre de webs de descarga a través de un organismo creado específicamente para ello, sin necesidad de autorización judicial.

El proyecto de Ley incluye el cierre de webs que vulneren los derechos de autor. Afectará directamente a webs de descarga de películas, música, juegos... cuando vulneren alguno de los siguientes casos:

1.  La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
2.  La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas qeu tengan la condición de      consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores. 
3.  El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancias personal o social.
4.  La protección de la juventud y la infancia.

Para velar por los derechos de autor el órgano clave será una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura. Este nuevo organismo estará integrado por expertos independientes (ex magistrados, abogados, expertos en propiedad intelectual y autoridades de Internet). Ella será la encargada de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez, y de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados.

El proceso que se llevará a cabo comienza cuando los propietarios de los derechos denuncian ante la Comisión a la página que alberga su propiedad sin autorización. La Comisióin estudiará el caso y comprobará si están infringiendo esos derechos. A continuación notificará a la web la denuncia y se abrirá un periodo de alegaciones para los responsables de la página. Más tarde, tras haber estudiado las alegaciones, si la Comisión entiende que no son suficientes, notificará oficialmente a la web que retire los archivos en cuestión dándole un plazo para ello. Si no se produce rectificación, la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirán en la interrupción de la página web para sitios nacionales o el bloqueo a sistios web extranjeros que deberán llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet.